No puede dejar sin efecto directamente un acto favorable por una simple causa de anulabilidad. Debe declarar su lesividad para el interés público y acudir después a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Qué actos entran en esta regla
Se aplica a actos que benefician a una persona y que la Administración considera anulables por una infracción del ordenamiento jurídico. Un acto anulable no es lo mismo que un acto nulo de pleno derecho.
Qué hace la declaración de lesividad
La declaración permite a la Administración impugnar su propio acto ante un tribunal. No sustituye a la sentencia ni elimina automáticamente el derecho reconocido.
Antes de adoptarla, debe dar audiencia a las personas interesadas para que conozcan el expediente y presenten alegaciones.
Qué pasa si el defecto es una nulidad de pleno derecho
Cuando el acto encaja en una causa de nulidad del artículo 47.1, la vía general es la revisión de oficio del artículo 106. Ese procedimiento tiene reglas distintas y exige, con carácter general, dictamen favorable del órgano consultivo correspondiente.
Puede suspenderse mientras se revisa
La Administración puede suspender la ejecución si mantener el acto puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Debe dictar una resolución expresa y motivada. La apertura del procedimiento no suspende por sí sola el acto.
Qué puedes hacer si recibes la audiencia
Solicita el expediente, identifica la infracción que se atribuye al acto y responde con argumentos y documentos. Comprueba también las fechas: la declaración debe adoptarse dentro de los cuatro años siguientes al acto y el procedimiento caduca a los seis meses.
La declaración se puede recurrir
La declaración de lesividad no admite un recurso administrativo independiente. Sin embargo, sus requisitos pueden examinarse en el proceso judicial posterior, donde la persona beneficiada por el acto puede defender su validez.